Disidentes
cubanos acusaron
ante la fiscalía
a varios
periodistas de
los medios
oficiales, a dos
militares y a
una funcionaria
de la
cancillería por
difundir
llamadas
privadas y
correos
electrónicos
interceptados
por el gobierno,
informó el
martes el grupo
de denunciantes.
La acción es la
respuesta de
Martha Beatriz
Roque, Vladimiro
Roca y Jorge
Luis García
(alias ‘‘Antunez'')
a una denuncia
televisiva
realizada el
pasado mayo por
las autoridades,
asegurando que
estos opositores
recibieron
dinero de un
anticastrista
violento de la
Florida a través
del entonces
jefe de la
Oficina de
Intereses de
Estados Unidos
en esta capital,
Michael Parmly.
El activista que
enviaba el
dinero era
Santiago Alvarez
a través de la
Fundación
Rescate
Jurídico, con
sede en Miami.
Alvarez, de 66
años, cumple
prisión tras
declararse
culpable en un
caso de posesión
ilegal de armas.
Una copia de la
querella
interpuesta por
los disidentes
fue entregada el
martes a
periodistas
extranjeros
durante una
conferencia de
prensa en la
cual los
activistas
rechazaron decir
si era o no
cierta la
inculpación del
gobierno, que
por su actividad
política suele
calificarlos
también de
‘‘mercenarios''
al servicio de
una potencia
extranjera.
En cambio, los
opositores se
concentraron en
señalar que
durante las
transmisiones de
Mesas Redondas,
un espacio
televisivo
diario que el
gobierno suele
usar para fijar
su posición, el
19, 20 y 21 de
mayo, se
mostraron a
manera de
"prueba'' de las
incriminaciones
oficiales
mensajes de
correo privados
y difundieron
llamadas
telefónicas. El
canciller Felipe
Pérez Roque
también avaló
entonces las
acusaciones
contra los
disidentes.
"Estos delitos
(violar la
correspondencia
y llamadas y
difundirlos) son
perseguibles por
parte de las
autoridades'',
explicó Roca.
El nuevo
documento de los
activistas
denuncia a los
periodistas
Randy Alonso y
Reinaldo
Taladrid; a la
funcionaria de
la cancillería
Josefina Vidal;
al director del
periódico
Granma y
diputado Lázaro
Barredo, al ex
militar Manuel
Hevia, director
del Centro de
Investigaciones
Históricas de la
Seguridad del
Estado, y al
coronel
Adalberto
Rabeiro, jefe de
la Dirección de
Investigaciones
Criminales y
Operaciones del
Ministerio del
Interior. La
acusación los
culpa por haber
transgredido los
artículos de la
Constitución y
el Código Penal
que sancionan
estas
actividades.
Roque afirmó que
el gobierno
divulgó "correos
manipulados'' y
conversaciones
telefónicas
‘‘sacadas de
contexto''.
Sobre si los
opositores
recibieron
cientos de
dólares de
Alvarez, que es
también
benefactor del
militante
anticastrista
Luis Posada
Carriles, Roque
rehusó responder
el martes. El
gobierno fijó en
$1,500 mensuales
lo que
presuntamente
Alvarez
entregaba a
Roque.
Dijo que "la
verdad'' solo la
darán a conocer
en una Mesa
Redonda, el
mismo programa
donde el
gobierno los
acusó.
"Fuera del mismo
ámbito en que el
gobierno nos ha
acusado,
nosotros no
vamos a
responder,
porque
sencillamente
estaríamos
respondiendo a
una parte del
pueblo cubano y
no es justo'',
manifestó la
opositora, quien
fue la única
mujer condenada
en la Causa de
los 75, en el
2003.
Las "pruebas
contundentes''
mostradas
públicamente por
el gobierno
cubano el pasado
mayo se
sustentan en
imágenes
filmadas a Roque
en el cibercafé
del Hotel
Comodoro, en La
Habana, así como
en mensajes
electrónicos
interceptados
por
investigadores
del Ministerio
del Interior a
través de la
apropiación del
código de acceso
a la
correspondencia
de la dirigente
opositora.
Por su parte, el
líder de la
Comisión Cubana
de Derechos
Humanos
(CCDHRN),
Elizardo
Sánchez, dijo a
los periodistas
que "alguien
está mintiendo o
alguien está
manipulando'', y
que "la única
manera de
elucidar esto es
ante la opinión
publica nacional
o ante un
proceso
judicial''
Los disidentes
admitieron que
el gobierno
tiene potestad
para intervenir
llamadas o
controlar la
correspondencia
de los
ciudadanos, pero
considedraron un
delito hacer
público su
contenido.
El gobierno
cubano justifica
la intervención
de la
correspondencia
electrónica
privada en el
Decreto-Ley 1999
para la
seguridad
informática y la
protección de la
información
oficial,
suscrito en 1999
por el entonces
gobernante Fidel
Castro.
